Ribera y Moreno zanjan la crisis de Doñana y se reparten los costes de un hipotético traslado de agua a Andalucía en barco | Clima y Medio Ambiente

Las aguas han vuelto a su cauce tras una semana de tensiones, después de que la vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ordenara suspender el plan de Doñana suscrito con la Junta de Andalucía al constatar que el Gobierno andaluz había incluido dentro de un megadecreto una amnistía para los agricultores que hubieran plantado cultivos de manera ilegal en suelo forestal. Y de una manera nada metafórica, porque este jueves, la ministra para la Transición Ecológica y el presidente andaluz han suscrito un acuerdo para tratar de paliar los efectos de la sequía en la comunidad y han aprovechado para zanjar los desacuerdos sobre el parque nacional, después de que ayer la administración andaluza diera una nueva redacción a los puntos del decreto que habían provocado el desencuentro conforme a las directrices técnicas del Miteco.

“En cuanto se disipen las dudas jurídicas y no se genere ambigüedad, y se despejen las dudas en el boletín oficial todo estará listo para relanzar el proyecto conjunto”, ha señalado Ribera tras el encuentro, dejando claro que para retomar el plan primero debe publicarse la modificación del decreto. Moreno también ha querido enfatizar la vigencia del acuerdo —”no solo está vigente, sino que tiene un enorme vigor”, ha dicho el presidente andaluz—. “Esta es nuestra tercera reunión en cinco meses, una prueba de la confianza mutua que queremos generar hacia los ciudadanos que están viviendo situaciones muy difíciles como es el sector primario y el turístico”, ha añadido el dirigente del PP. Una confianza que se refiere no solo a Doñana, sino a las políticas hídricas en Andalucía, donde seis millones de habitantes sufren algún tipo de restricción producto de la sequía.

Y es que la reunión de esta tarde estaba prevista específicamente para abordar la colaboración entre ambas administraciones para garantizar el suministro de agua con carácter de emergencia para este verano y también para realizar obras estructurales a más largo plazo. Entre las aportaciones de emergencia a las que se ha comprometido la ministra está la inversión en digitalización para el ciclo del agua y evitar las fugas en los municipios a través del programa específico del ministerio, la contribución con cinco hectómetros cúbicos en el norte de Almería con instrumental de infraestructuras de desalación estatales, ampliar la capacidad de producción de la desaladora del Atabal, en Málaga y la colaboración en un eventual transporte de agua por barco.

En este sentido, Ribera ha precisado que, a diferencia del caso de Barcelona con el puerto valenciano de Sagunto, en este caso no hay desaladoras estatales de donde se pueda tomar esa agua. Se han identificado otras de carácter privado —la ministra no ha querido concretar por no haberse cerrado todavía ningún acuerdo— que no funcionan a pleno rendimiento ahora mismo y de dónde se podrían traer los barcos cisterna.

Un barco al día durante cuatro meses

El Gobierno se ha comprometido a asumir el coste del agua desalada en las mismas condiciones que en el caso de Sagunto y la Junta buscaría la fórmula para el transporte hasta los puertos de Carboneras (Almería), Málaga y Algeciras (Cádiz). Ninguno de los dos dirigentes ha concretado los términos económicos. Moreno ha precisado que cada día atracaría un barco cuyo coste al mes se calcula en cinco millones de euros. De ponerse en marcha, se contempla siempre desde la Junta como una medida de extrema necesidad, se realizarían los trayectos a lo largo de cuatro meses a partir del verano.

Además de estas obras casi de primera necesidad, los equipos técnicos de ambas administraciones han acordado mantener reuniones semanales para monitorizar el avance de estas actuaciones y calendarizar también los siguientes pasos.

Las lluvias de las últimas semanas han aliviado el estado de los embalses en esta comunidad, pero más de medio millón de andaluces sufre restricciones en el consumo de agua. En toda la provincia de Málaga, incluida la capital, y en la comarca gaditana de Campo de Gibraltar, se ha reducido el consumo hasta un máximo de 160 litros diarios por persona. Los 80.000 vecinos de Los Pedroches y El Guadiato, en la sierra norte de Córdoba, llevan desde el pasado mes de abril sin poder beber agua del grifo por estar contaminada la del pantano de La Colada del que se abastecen, después de que se secara en marzo de 2023 el de Sierra Boyera. Los representantes de la Plataforma Unidos por el Agua, que demandan de las administraciones una solución permanente que les permita dejar de depender de las garrafas y los camiones cisterna, se han congregado a las puertas del Palacio de San Telmo para llamar la atención sobre su intolerable abandono. “¡Pónganse de acuerdo, no podemos volver al siglo XIX!”, le ha implorado uno de sus miembros a la ministra antes de comenzar la reunión.

El Gobierno acometió las obras para unir ambos embalses y ahora corresponde a la Diputación de Córdoba realizar las obras para acondicionar la estación potabilizadora, unos trabajos que la Junta declaró de emergencia en noviembre de 2023, pero cuya ejecución tardará meses. “No podemos esperar tanto”, advertía ese vecino. Ribera ha indicado que se ha acordado hacer un acompañamiento a la Diputación y ha señalado que se espera que se recorten los plazos para garantizar el agua potable cuanto antes.

Una de las demandas que el presidente andaluz llevaba a la reunión, y que en su momento fue refrendada en el Parlamento autónomo por todos los partidos políticos salvo Por Andalucía, fue pedir apoyo al Gobierno para que la UE reconozca la singularidad hídrica de la comunidad, lo que permitiría a este territorio tener mecanismos para dotarse de recursos necesarios para adaptarse a los efectos del cambio climático. De este asunto no se ha hablado en el encuentro, aunque Ribera sí ha señalado que se ha abordado “la importancia de garantizar la seguridad hídrica a los ciudadanos”, es decir, que puedan contar con agua en un contexto en el que los modelos climáticos apuntan a episodios de sequía más prolongados. Moreno, por su parte, ha recordado que él va a insistir en que en la próxima Comisión Europea exista un comisario del Agua y que se trabaje desde el sur por hacer ver a los países de Centroeuropa la importancia socioeconómica que tienen los recursos hídricos para la convergencia.

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