El Ministerio de Sanidad comunicará este miércoles a las comunidades autónomas oficialmente la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y los hospitales de toda España. A partir de ahí, y con la publicación de esta nueva norma, entrará en vigor en todo el territorio, pese a las reticencias de la mayoría de los gobiernos autonómicos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, dará más detalles de la nueva norma en una rueda de prensa que se celebrará en la sede del ministerio a las 13.00, en la que también abordará las actuaciones de su departamento ante la escalada de virus respiratorios de las últimas semanas.
Lo que sí se sabe es que quedarán fuera de la obligatoriedad las residencias y las farmacias, que estaban en un principio en la propuesta de Sanidad. Está por ver cuál es la fórmula jurídica que emplea. Los expertos consultados por EL PAÍS creen que se tratará de una orden ministerial. La alternativa, una resolución del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es inviable, ya que la mayoría de las comunidades que lo componen están en contra de la normativa.
Esta orden podría ser recurrida en los tribunales de lo contencioso-administrativo por aquellos gobiernos regionales que estén en desacuerdo con la norma. El de País Vasco ya ha anunciado que está estudiando las medidas jurídicas, ya que considera esta imposición una invasión de sus competencias. Esta autonomía, como otras 10, habían decidido que no hacía falta que las mascarillas fueran obligatorias, y que bastaba con una recomendación a los ciudadanos.
Otras seis comunidades sí las habían impuesto. Se adelantaron la Comunidad Valenciana (gobernada por el PP y Vox) y Cataluña (ERC); y las siguieron Murcia (PP); Aragón (PP), que las impuso en principio para los sanitarios y las ha ampliado a pacientes en salas de espera; Canarias (CC) y Asturias (PSOE).
Los consejeros autonómicos de todo signo político han sido muy críticos con la gestión de esta norma. Incluso en aquellas comunidades que están de acuerdo con la norma (y que la aplican), se lamentan de que para imponerlas en toda España no se hayan seguido los procedimientos habituales: una reunión de la Ponencia de Alertas (formada por técnicos) y de la Comisión de Salud Pública (constituida por los directores del área del ministerio y las autonomías) para que elabore un informe con su pertenencia.
Las del PP, sin embargo, han anunciado que acatarán lo que decida el ministerio, que tiene la función de coordinar las políticas de salud pública en todo el país. La ministra ha venido explicando estos días que la imposición de las mascarillas responde a una doble función. Por un lado, que la protección de la salud de los ciudadanos sea la misma en todo el territorio: que un paciente que tenga que acudir a una consulta en Valencia se rija por las mismas normas que otro de Madrid, por ejemplo.
La segunda utilidad de la norma que aprueba hoy el ministerio es, según García, la de dar seguridad jurídica a las seis comunidades que ya hecho obligatorio el cubrebocas. Fuentes de su departamento explican que, de no actuar el Gobierno, los ciudadanos no tendrían por qué respetar las imposiciones autonómicas. Este extremo, sin embargo, es discutido por los expertos en derecho sanitario, que aducen que las comunidades tienen competencias suficientes para tomar estas medidas.
