El cambio climático y la deficiente gestión de las aguas: la combinación que agudiza la sequía en España | Agua y Bosques | Extras

Llueve menos, es obvio. También influye el cambio climático. Pero a la disminución de las precipitaciones o sequía meteorológica —como se le conoce—, se suman las problemáticas de gestión y gobernanza que hacen que en España se exacerbe el riesgo de sed extrema, sobre todo en el Mediterráneo y sur del país. Si bien la falta de agua no es algo nuevo, ha ocurrido periódicamente (cada 10 o 12 años), ahora se dispara la alerta por un déficit hídrico estructural, en vez de coyuntural, debido a los episodios de escasez cada vez más frecuentes, intensos y duraderos.

“En los últimos tres años persiste una dorsal de aire cálido subtropical sobre nuestro territorio que se mantiene durante mucho tiempo prácticamente inmóvil, y que afecta también a Canarias e islas Baleares. Cuando se ve debilitada, se producen descolgamientos, es decir, vaguadas y danas que dejan lluvias en el noroeste, la vertiente atlántica, y no en todo el país”, explica José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteored. A este patrón cada vez más recurrente se le añaden las altas temperaturas, que están por encima de lo normal en pleno invierno, en una media de 1,52 grados respecto de los niveles preindustriales, y que provocan una mayor evaporación del recurso almacenado en embalses y pantanos, agrega.

Así, desde el inicio del año hidrológico —el pasado 1 de octubre— hasta el 20 de febrero (cuando se recopilaron los datos), el promedio de precipitaciones para toda España fue de 319 milímetros, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior, señala Viñas. Pero si se analizan los datos por regiones, en Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña están un 25% por debajo de lo normal, advierte. Canarias está también en el punto de mira.

En 2023 esa cifra se situó en 301 milímetros, lo que supone una caída del 9%. Aunque la mayor disminución se produjo en 2022 tras alcanzar apenas los 200, una reducción del 41%. “Ahí es cuando se empezó a gestar el episodio de sequía actual”, recalca Viñas, quien alerta además de que los modelos climáticos pronostican un recorte anual de las lluvias de entre un 10% y un 30%.

Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla, apunta que ese fenómeno de elevadas temperaturas y cambios en la distribución, duración e intensidad de los aguaceros está reduciendo la escorrentía: la fracción de la precipitación que se transforma en flujos de agua superficial o recarga de acuíferos. “El caso más significativo es el de la cuenca del Guadalete-Barbate (Cádiz), donde la disminución del 5% o del 10% de lluvias está dando lugar a un recorte del 50% en las aportaciones a los embalses de la cuenca”.

Desertificación real

Carlos Garriga, director de We Are Water Foundation, recuerda que el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación y que algunas regiones del sureste tienen una amenaza muy alta de padecerlo. “La mayor parte pertenece a la categoría de tierras secas (aquellas que tienen un índice de aridez menor de 0,65) y la vertiente mediterránea entra en la de semiárida (con un valor de entre 0,5 y 0,2)”, detalla, con datos de Ministerio de Transición Ecológica y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para Andrés Molina Giménez, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, España sufría ya escasez —y de manera estructural en algunas demarcaciones hidrográficas— incluso sin los efectos del calentamiento global. “Esto solo agudiza la situación; los problemas de gestión y gobernanza vienen de antes y van a seguir”, lamenta.

Dejadas a un lado la cuestión climática y la geomorfológica, entra en juego cómo equilibrar oferta y demanda. “En Cataluña llevamos 40 meses prácticamente sin lluvias o con muy pocas. Mientras que las necesidades de agua aumentaron en los últimos años por el crecimiento de la población y del consumo turístico”, indica Xavier Sánchez Vila, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero no solo el turismo está ahora en el foco, especialmente en las zonas costeras, también “la expansión del regadío en agricultura, en buena parte al margen de la legalidad, que ha aumentado mucho el consumo de agua en 25 años, variando de cultivos herbáceos (remolacha, maíz, algodón) a leñosos (cítricos, frutales, olivar). En Andalucía, la falta de control ha disparado la demanda, que es más del 80% del agua usada en la región, y bastante más del 90% si tenemos en cuenta la que no retorna al sistema tras ser usada”, denuncia Del Moral, también miembro del patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

La demanda se incrementa y la disponibilidad del recurso disminuye. Hasta ahí todos —Administración, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, consumidores— son conscientes de la realidad. Sin embargo, las discrepancias surgen en el qué y el cómo, indica el catedrático de Economía aplicada Francesc Hernández. “La gestión en España es compleja en lo administrativo, en lo competencial y lo regulatorio. Cualquier organismo, entidad o Gobierno (central, autonómico, local) tiene competencia en esta materia; a ver cómo nos coordinamos”, analiza. La maraña no termina ahí. “Si a esto le sumamos que el uso urbano recae sobre los municipios, pero que directamente no lo ejerce, sino que lo comparten y ceden a empresas, es un añadido más; la infraestructura es pública pero su gestión es privada”.

Dispersión normativa

Esa gran dispersión normativa y administrativa genera dos problemas, a juicio de Garriga, “la dificultad de diseñar un mecanismo regulador estatal y que los municipios accedan a economías de escala para financiar las instalaciones y tecnologías necesarias para el suministro y el tratamiento de aguas residuales”. Otra cuestión que resalta Hernández, también director del Grupo de Economía del Agua de la Universidad de Valencia, es la exclusión de los aspectos socioambientales de la tarifa: “Estamos cometiendo un error al asumir que el recurso es gratis, cuando debería identificarse y cuantificarse para promover su recuperación”. Hoy solo se incluyen los costes de extracción, energía, potabilización, canalización, suministro, servicios, plantilla y el beneficio industrial, enumera.

En noviembre pasado, en el marco de la COP28, la agencia de calificación Standard & Poors calculó que el 70% del PIB español está expuesto al riesgo de sequía extrema e incendios. Si bien la contabilidad nacional no recoge aún los efectos de esta anomalía, cada vez más economistas consideran vital realizar dicha estimación para conocer el coste económico de no actuar. Aunque las aseguradoras dan una idea. “Con datos de 2023, la sequía acarreó unas pérdidas de 5.550 millones de euros debido a los fenómenos extremos que afectaron al sector agrario”, señala Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua, quien lamenta que “solo nos acordamos de la sequía cuando no llueve”.

En Andalucía se estiman cuatro décimas menos del crecimiento previsto (1,9%), recoge un estudio de la Universidad de Loyola y de la Confederación de Empresarios de Andalucía que refiere Lombardo. Aunque los informes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía lo cifran en 2,1 puntos por el peso del sector primario, la industria y servicios, anota Del Moral. Y en Cataluña se prevé un recorte de hasta dos décimas del 1,4% pronosticado, según las previsiones de los Empresarios de Cataluña. “Su importancia en la economía mundial es enorme. Un reciente estudio de la Unesco calculó que más de 1.400 millones de puestos de trabajo dependen en gran medida del agua, es decir, el 42% de la población activa global. Y otros 1.200 millones, el 36%, moderadamente”, apostilla Lombardo.

Molina aporta otro dato: “Solo la actividad generada gracias al trasvase Tajo-Segura crea 100.000 empleos a tiempo completo, directos e indirectos, y 3.000 millones. Si la escasez continúa, son miles de millones de PIB y cientos de miles de trabajos los que se destruirían”. Todos los sectores, directa o indirectamente, se ven perjudicados, pero la mayor amenaza, dice, recae sobre la agricultura y el turismo. “Puede incluso llegar a perder mercados, como sucedió en Benidorm en los ochenta”, alerta. Los expertos coinciden en el déficit de planificación e inversión y en su abordaje programado, no de forma imprevista y en contextos de emergencia como el actual. Además, ponen el acento en la educación para reducir el consumo.

El clamor general es que se extienda la reutilización de agua regenerada, del 10% actual al 100% (unos 4.000 hm3 más). “Se está aplicando el principio de usar y tirar; nada de economía circular. La usamos, la ensuciamos, la depuramos, pero no la devolvemos al sistema con la calidad con la que se nos ha facilitado”, esgrime Hernández. Para ello, sugiere un cambio normativo (la regulación en España impide su uso para consumo humano) y que se cambie la estructura de la tarifa, no un alza lineal, aclara, para incorporar el coste de este proceso en el recibo. “Es nuestra salvación, simplemente devolver el agua ensuciada a su calidad inicial para poder reusarla, cerrando el ciclo”, defiende.

En Cataluña, en los últimos dos años, en vez de tirar el agua depurada al mar, como se hacía antes, se está esparciendo en los ríos para su reutilización en el riego agrícola, cuenta Sánchez Vila, también profesor de la Escuela Superior de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona . “Se hacen cuatro tratamientos: los dos típicos de la depuradora y un tercero antes de verterla al río. Durante su bajada se eliminan los nutrientes y mejora su calidad en un proceso natural conocido como renaturalización. Luego se capta y se vuelve a hacer otro tratamiento antes de ponerla en servicio con todos los controles de calidad”, expone. No obstante, de momento, solo se hace con el 30% de la tratada por el límite de capacidad de las estaciones.

El exiguo gasto en infraestructuras es precisamente otro mal que aqueja al sector. “Nuestro país necesita más que duplicar la inversión, que se sitúa en torno a los 2.400 millones anuales, hasta los 4.900 millones en abastecimiento, saneamiento y depuración”, calcula Pascual Fernández, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Así como una tarifa muy baja frente a otros países europeos: dos euros por habitante de media a la semana, incide.

Presa de los Hornos en el Barranco de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, a finales de octubre pasado.Jose A. Bernat Bacete (GETTY IMAGES)

Medidas más que parches

Es cierto que los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027), aprobados con retraso en enero del año pasado, incluyen 6.500 medidas que suponen un gasto de 22.844 millones, con la mayor partida para saneamiento y depuración (6.644 millones), y que el real decreto ley de medidas urgentes promulgado posteriormente en mayo prevé otros 2.190 millones para afrontar la sequía, de los que 1.400 de destinarán a nuevas infraestructuras. Sin embargo, más que medidas a corto plazo para paliar la urgencia, se demandan actuaciones a largo y que se ejecuten. Incluso, la Comisión Europea llevó en febrero a España ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea “por no haber notificado por completo” sus terceros planes hidrológicos de cuenca, de conformidad con la directiva marco sobre el agua 2000/60/CE, ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación, según la directiva sobre inundaciones 2007/60/CE. Según fuentes del sector, están pendientes los intracomunitarios insulares (los planes de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura).

“Hay que hacer una planificación global, un plan hidrológico nacional, sin perjuicio de que existan los de cuenca, bajo el imperio de la ciencia y la técnica, en ausencia de presiones políticas, y que se cumplan las inversiones programadas”, creen desde la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua). En el ciclo anterior, el porcentaje de gasto no alcanzó el 50% de lo estipulado, critican. Además, piden que no se descarte ninguna solución: trasvases, embalses, desaladoras, regeneración… Para esta patronal, solo el ciclo urbano del agua requiere unos 35.000 millones.

Otro ejemplo de esa falta de planificación: en la anterior sequía catalana, la de 2008, con la vuelta de las lluvias y la llegada de la recesión se paralizaron las inversiones previstas y se han vuelto a retomar ahora, como la construcción de nuevas desaladoras, por la vuelta de la escasez hídrica. ¿Qué pasará cuando llueva otra vez?, se preguntan los expertos. ¿Se abandonarán y postergarán las soluciones?

Carlos Mario Gómez, catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá e investigador de Imdea Agua, aboga por una estrategia de Estado de transición hídrica, así como se trabaja en la energética. “Es fundamental abrir un debate sobre las limitaciones en el uso, el nivel de estrés que podemos soportar, la seguridad hídrica y su vínculo con el PIB y acordar unos criterios que permitan avanzar hacia un mix sostenible de fuentes para hacer frente a las futuras sequías mediante la cooperación”. Del Moral incorpora la palabra justa. “El reparto del recurso con criterios sociales y ambientales y su reasignación a través de bancos públicos participativos, ya previstos en la ley”.

Alberto Garrido, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, resume las tareas clave: “Más usos de aguas recicladas y regeneradas; más capacidad de desalación; más anticipación de las sequías, adelantando la reducción de usos agrarios; mayor eficiencia en las redes urbanas y el sector turístico; congelar y estabilizar la superficie regable; combatir y erradicar los usos ilegales; controlar más a los usuarios agrícolas; mejorar el estado ecológico de los cuerpos de agua y el químico de las subterráneas, y gestionar los acuíferos”.

Derrama crítica

Reducir las pérdidas o el agua no facturada en las redes es uno de los puntos críticos, sobre todo en medianas y pequeñas poblaciones, con mayores barreras para acceder a la financiación. Se calcula una media de una fuga al año por cada dos kilómetros de tubería instalada, según datos del grupo Amper. El tiempo de reparación es de unos 13 días, detallan a partir de estudios realizados por el sector. En Barcelona, oscilan entre el 10% y el 50%. Según el INE, las pérdidas en el suministro urbano superan el 20% de la cantidad aportada.

Por ejemplo, en una ciudad de 700.000 habitantes, con 1.100 kilómetros de tuberías, se producen 500 fugas al año, para una pérdida de 361.000 litros al día. En términos económicos, esto supone unos 4,5 millones de euros menos si el precio de la tarifa es de 0,0018 euros por litro, de acuerdo con los cálculos.
La solución tecnológica de Amper, TFS Hércules, reduce los días de fuga a cuatro y el coste de un escape a 1.814,40 euros, aseguran. Además, ahorra 2,7 millones por la eficacia en la detección de fraudes (que se cifra en unos 3,4 millones tomando el supuesto anterior).