Ha hecho falta una buena serie de televisión para poner rostro y dolor humano a un escándalo cuya complejidad aburrió durante dos décadas a la clase política británica y no logró captar la atención de la opinión pública. ¿Y qué tiene eso de raro?, se ha preguntado la popular historiadora clásica y divulgadora Mary Beard en X (antes Twitter): “Me gustaría que la gente dejara de expresar con tristeza que ha sido necesario llevar a televisión el escándalo de las oficinas postales para devolverlo a la actualidad (…) Ese es el verdadero poder del arte dramático (cada vez menos financiado públicamente). La moraleja es: necesitamos subvencionar las artes”.
Wish people wd stop saying gloomily that it took Tv to get the subpostmasters to the top of the agenda. This is (as Libby Purves has said I think) the real power of arts and drama (expertise that is being starved of funding) Message is: we need to fund the arts.
— mary beard (@wmarybeard) January 8, 2024
Mr. Bates vs the Post Office (El Sr. Bates contra Correos), cuyo primer capítulo emitió el 1 de enero la cadena ITV, desató la ira y la tristeza de 3,9 millones de espectadores. El prestigioso actor británico Toby Jones (protagonista en películas como Capote o El Topo) puso rostro y voz a la batalla que durante dos décadas libró Alan Bates contra el Gobierno del Reino Unido.
“Arrogancia e ignorancia”
Las oficinas postales del Reino Unido funcionan como franquicias, operadas por propietarios autónomos que subcontrata Post Offices Limited, propiedad a su vez del Gobierno británico. A finales de la década de los noventa, la dirección del ente impuso a todos estos pequeños negocios un nuevo sistema digital de contabilidad y gestión de inventario llamado Horizon IT, desarrollado por la tecnológica japonesa Fujitsu. Era un programa lógico y necesario en su objetivo, pero mal desarrollado y poco ensayado, que enseguida provocó duplicidades y errores que alteraron las cuentas.
Entre 1999 y 2015, más de mil propietarios de oficinas fueron llevados a juicio acusados de fraude y malversación. Los pasivos detectados por el sistema ascendían a miles, o decenas de miles de euros. Cifras muy elevadas para la pequeña economía doméstica de los franquiciados. En otros muchos casos —en total fueron 3.500— no se llegó a los tribunales, pero los afectados, temerosos de perder la licencia, hipotecaron sus viviendas, echaron mano de su ahorros o llegaron a entrar en quiebra. Cientos de ellos arrastraron durante años antecedentes penales. Muchos tuvieron que cumplir condenas de trabajo en beneficio de la comunidad. Al menos cuatro suicidios han sido vinculados directamente con el caso, definido por los medios británicos como “el mayor error judicial de la historia del Reino Unido”.
“Siempre he dicho que fue una cuestión de arrogancia e ignorancia. No tenía [la dirección de Correos] ni la competencia ni la experiencia necesarias para poner en marcha un programa informático así. Podría haber sido algo bueno, que ayudara a modernizar la compañía, pero creo que, entre otras cosas, compraron el sistema más barato del mercado”, explicaba al programa Good Morning Britain de ITV el verdadero Alan Bates, que puso en marcha la asociación Alianza por la Justicia para los Subjefes de Oficinas Postales (subpostmaster, el término inglés con que se conoce a los franquiciados).
Durante años, en representación de un grupo que concentraba al menos a quinientos afectados, dio la batalla en los tribunales. La dirección de Correos dedicó todos sus esfuerzos a evitar caer en el ridículo, lo que se tradujo casi en un afán de venganza contra los subcontratados que ponían en duda la profesionalidad del ente. “Tenían el dinero, tenían el músculo y el poder frente a unos minúsculos propietarios que intentaban cuestionarles”, cuenta Bates.
En 2019, la justicia británica falló a favor de un grupo de víctimas. Dos años después, una instancia superior confirmó en apelación la sentencia. Se declaró que las condenas habían sido injustas, y se allanó el camino para posibles indemnizaciones. Durante todo este tiempo, sin embargo, el Post Office del Reino Unido ha arrastrado los pies a la hora de pagar, y no ha dejado de combatir en los tribunales todas las reclamaciones individuales, a costa del erario público. De las novecientas condenas judiciales, solo 142 trámites de apelación han concluido. Se han pagado cerca de 28 millones de euros en indemnizaciones, pero decenas de víctimas han muerto ya sin haber visto ni una libra esterlina.
Durante todo este tiempo, a la herida se ha añadido sal, al conocerse que algunas de las indemnizaciones fueron notablemente reducidas después de que se les aplicaran impuestos. O que se llegaron a repartir casi dos millones de euros en bonus a los directivos de Correos, y uno de los índices para medir esta retribución fue precisamente el grado de esfuerzo volcado en luchar contra las reclamaciones de indemnización de los franquiciados.
Un millón de firmas
Un millón de británicos han firmado ya una petición, que el Gobierno de Rishi Sunak contempla con buenos ojos, para retirar la Orden del Imperio Británico a Paula Vennells, que además de exempresaria y exsacerdotisa anglicana, fue directora ejecutiva de la Post Office desde 2012 a 2019. “Nuevas pruebas han demostrado que Correos se vio implicado en un encubrimiento masivo que produjo las condenas injustas de centenares de trabajadores que fueron encarcelados, se arruinaron y, en algunos tristes casos se llegaron a quitar la vida”, ha dicho Chris Wormald, presidente de la comisión parlamentaria de Confiscación de Bienes y Privilegios, la encargada de impulsar la retirada de honores.
El propio primer ministro, Rishi Sunak, ha confirmado que ha dado la orden al responsable de Justicia de su Gobierno, Alex Chalk, para que estudie la forma de acelerar la llegada de ayudas y compensaciones a las víctimas del escándalo.
Y las ramificaciones políticas no cesan. El actual líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, actualmente en pleno auge ante la previsible derrota electoral de los conservadores en las elecciones previstas para finales de año, fue secretario de Estado de Asuntos Postales entre 2010 y 2012, y muchas de las víctimas han reclamado su dimisión.
El actor Toby Jones ha reconocido que formaba parte de los millones de personas que ignoraron durante años en qué consistía ese escándalo. Escuchar la palabra Post Office en las noticias suponía que, inevitablemente, dejara de prestar atención a algo que, a la fuerza, tenía que ser tan tedioso y poco estimulante como la propia institución. “Es impactante entender lo escandaloso que es este asunto. Y cuando la gente vea la serie, si hemos hecho bien nuestro trabajo, presenciarán un afán de venganza y una falta de sentido en todo lo ocurrido que te hacen preguntarte cómo es posible que no se hablara más de todo esto”, dice.
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