El grupo legal de la abogada Odila Castillo publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han sido propaladas recientemente en varios medios de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas informaciones como ofensivas con intenciones maliciosas, impulsadas por intereses económicos específicos y creadas con el fin de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida privada de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carecen de base y violan derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria profesional de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estas ofensivas se encuentran intereses económicos encubiertos que intentan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer ataque mediático que sufre la abogada. Hicieron mención a un episodio parecido que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño difundió información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, la cual fue desmentida más adelante.
Informaciones incompletas y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo jurídico, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «informaciones incompletas», distorsionadas con la finalidad de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, señalaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha finalizado.
Asimismo, se compartieron datos delicados como movimientos migratorios y declaraciones de impuestos, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procesos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de un seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente violación a su intimidad y una modalidad de vigilancia irregular. Carrillo declaró que se han infringido los derechos fundamentales de su representada, asegurados por la Constitución y las normativas panameñas.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales requeridas para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes son responsables de esta campaña de desprestigio.
