Las víctimas de abusos exigen a los obispos que depuren responsabilidades tras el escándalo de su investigación: “Es un informe tóxico” | Sociedad

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Las principales asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia exigen a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que “desacredite inmediatamente” su informe Para dar luz, sobre la incidencia de los abusos, y “cese” a los responsables que lo elaboraron. Lo hacen tras revelar este diario los detalles de los 806 casos que admite la Iglesia española, de los que solo considera creíbles una cuarta parte, y descubrir que incluso muchos de los propios testimonios de representantes de estas asociaciones, en realidad, no han sido creídos y son clasificados como “no probados” o “no computa”. Además, el dosier es un simple copia y pega de un estudio previo que elaboró un topo de los obispos en la auditoría del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, el abogado Alfredo Dagnino, que luego fue despedido del bufete.

“El informe, además de tramposo y mentiroso, es un informe tóxico que está faltando una vez más al respeto de todas las víctimas y, sin duda, revictimizándolas. Con lo cual, tiene un componente cuasi delictivo. Es el momento de actuar y pedimos que la Conferencia Episcopal actúe públicamente para desacreditar este informe y haga los ceses que tenga que hacer. Aquí hay responsables”, ha dicho este martes el presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, padre de la víctima del caso Gaztelueta. Es una de las denuncias que la Iglesia no considera probada, aunque ya hay una sentencia firme del Supremo.

EL PAÍS revela los detalles de los 806 casos que admitió la Conferencia Episcopal en su informe de diciembre y que fue un corta y pega del que le pasó un ‘topo’ infiltrado en la auditoría de Cremades. Una sola persona ha decidido qué denuncias son creíbles, a espaldas de diócesis y órdenes: una de cada diez

Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la lista secreta que ha salido a la luz es que una sola persona, Alfredo Dagnino, el autor del informe filtrado a los obispos desde el bufete de abogados, fue quien estableció una controvertida clasificación de casos probados y no probados, inédita en este tipo de estudio en todo el mundo, y quien decidió qué casos son creíbles, a espaldas de diócesis y órdenes. “La Iglesia tiene que ser consciente de que mientras haga trampas, mentiras, minimizaciones exageradas, terminología totalmente conflictiva, las víctimas no van a creer en ellos. Es obvio que han estado mintiendo, tergiversando, encubriendo todo en un mal tapiz de mentiras y de rebajar de una forma premeditada y alevosa los casos de pederastia”, dice el presidente de ANIR.

Cuatrecasas, junto con otras cinco víctimas, se reunió la semana pasada con el recién nombrado presidente de la CEE, Luis Argüello, para tejer un plan de trabajo conjunto y abordar el problema de los abusos. Ahora, condicionan su disponibilidad a seguir tratando con la Iglesia: “Llevamos mucho tiempo con esto y no vamos a seguir ni un minuto más asumiendo el papel de que se rían de nosotros de una forma descarada, vergonzosa y delirante. Si ellos no hacen lo que nosotros pedimos, cualquier otro punto ya sobra. No podemos seguir colaborando con este informe encima de la mesa porque nos estaríamos faltando al respecto a nosotros mismos”.

Otro de los presentes en esa reunión fue Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en Centros Religiosos de Navarra, que también está indignado. Su caso, el de los abusos en el colegio diocesano de El Puy, en Estella, también está entre los “no probados”. “Estamos a la espera de que nos den explicaciones desde la Conferencia Episcopal, y en función de ellas veremos si anulamos la próxima cita, que estaba fijada para mediados de este mes, con la intención de formar ya un grupo de trabajo”, advierte.

Zudaire también está sorprendido de que su caso se haya registrado como no probado, porque no es lo que le dijo la diócesis: “Estuve reunido dos horas y media con el arzobispo, entonces Francisco Pérez, y con el director del colegio, y reconocieron todo y pidieron perdón”. Es otra prueba de uno de los principales problemas del informe de Dagnino: diócesis y órdenes no han clasificado los casos como probados o no probados, ha sido una decisión del autor. De hecho, muchas entidades protestaron a la Conferencia Episcopal al ver el estudio Para dar luz.

El escritor y víctima de abusos Alejandro Palomas también ha arremetido contra la dirección de la CEE en la red social X, antes Twitter: “Salta la sorpresa: el informe de la Conferencia Episcopal sobre los abusos sexuales cometidos por la Iglesia no reconoce mi caso como ‘creíble’. ¿Esperaban quizá que el Hermano de la Salle me matara y me desmembrara para sumarme a su particular lista?”.

Palomas fue uno de los sobrevivientes que contó su caso a finales de 2021, después de que EL PAÍS entregase al Vaticano y al entonces presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos de pederastia inéditos. El escándalo provocó que la Iglesia cambiara su discurso negacionista y encargase una auditoría sobre el problema al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

“No me molesta que sean una mafia histórica, ni que encubran sus perversiones con su abuso de poder, ni que roben, defrauden, maltraten y desprotejan al débil cobrando (entre otras cosas) de mis impuestos. Me molesta que crean que su mentira puede callar mi verdad. Y que negarme me cansará. Se equivocan. Empieza el segundo asalto”, ha escrito Palomas.

La Salle, la orden a la que pertenecía el agresor de Alejandro Palomas, es una de las órdenes más opacas y reacias a investigar. En la lista secreta que este diario ha sacado a la luz, la congregación comunica que todos los casos que ha registrado, un total de 29, los ha conocido gracias a EL PAÍS, a pesar de que antes de que este periódico iniciase la investigación ya había casos públicos por denuncias civiles.

Además, este periódico le ha remitido muchos más, 43, y el número total de casos conocidos de esta orden es 70. Pero La Salle solo consideran probados dos. La frase más repetida en sus casos es: “No se ha iniciado investigación”. La Salle se suele limitar a enviar cada denuncia a la Fiscalía, que en la mayoría de los casos la archiva por estar prescrita o por fallecimiento del acusado. Y no hace nada más. Ha sido el caso de Palomas.

En la misma red social, Miguel Hurtado, que destapó los abusos en la abadía de Montserrat, en Barcelona, también ha mostrado su malestar por el tratamiento de su caso. “El mío directamente no lo incluyeron en la contabilidad. No es que no lo consideraran no creíble, es que directamente no existía. La Iglesia es incapaz de reformarse, tiene que actuar el Estado”, ha escrito. El caso de Hurtado es uno de los más de 300 casos que los obispos han excluido en su informe Para dar luz, según reveló este diario, a pesar de estar reconocidos por las órdenes y las diócesis: los enviaron el año pasado al Defensor del Pueblo cuando les solicitó información.

Otra de las víctimas que estuvo en la reunión con Argüello fue Teresa Conde, que sufrió abusos de un hermano del colegio de los trinitarios de Salamanca. También en su caso la orden reconoció los hechos, porque su agresor los confesó, y pidió perdón a su madre. Sin embargo, aparece en el informe como “no probado”. “A mí me resulta doloroso, pero me lo esperaba. La Iglesia lleva toda la vida falseando la realidad y maquillando los datos. En realidad, nos están dando la razón a lo que siempre hemos pensado. Este informe de los obispos ahonda en el daño sistemático a las víctimas. Es el daño que no cesa. Su objetivo final no era la verdad ni mucho menos la luz que pone en el título, sino competir con el informe de Cremades y con el del Defensor de Pueblo”, opina.

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