La Iglesia ya reconoce más de 1.000 casos de pederastia tras años de negación del escándalo | Sociedad

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El mismo día que el arzobispo Luis Argüello fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), este martes, la entidad reconocía en su informe sobre abusos Para dar luz un total de 1.057 casos de pederastia en su seno. Y fue el propio Argüello quien hace tres años, cuando era secretario general de la CEE, defendió que las denuncias en España eran “cero o muy pocas”, y no admitió las primeras cifras del problema hasta abril de 2021. La negación del escándalo ha sido la postura de la Iglesia española desde que este diario comenzó hace más de cinco años, en 2018, su investigación sobre la pederastia del clero.

La Iglesia española ha rebasado de este modo la barrera de los 1.000 casos, pero lo ha hecho silenciosamente, con una simple actualización del documento PDF del informe que tiene en la web de la CEE. De ese modo se va acercando, sin reconocerlo, a las cifras de los informes que ha criticado y desdeñado, como la auditoría que encargó al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, el estudio del Defensor del Pueblo, y el trabajo de investigación de EL PAÍS. Este diario ha entregado a la CEE y al Vaticano, entre 2021 y 2023, un total de cuatro informes con más de 700 testimonios contra 545 acusados. Además, cuenta con una base de datos pública que es la única que detalla todos los casos que han ido saliendo a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión de las instituciones eclesiásticas.

No ha sido la única vez que los obispos han retocado las cifras del escándalo desde que presentaron este informe propio el pasado 21 diciembre. En ese momento admitieron 806 casos en un estudio publicado, por sorpresa, para intentar contrarrestar los datos de la auditoría encargada al bufete, presentada ese mismo día, que señalaba muchos más casos, un total de 1.382 y 2.056 víctimas (el informe de la CEE olvidó dar un número de estas últimas). Sin embargo, desde entonces la CEE se ha visto obligada a rectificar sus cifras al menos en seis veces ocasiones ¿La razón? Tal como reveló EL PAÍS el pasado 26 de febrero, los obispos dejaron fuera de su informe más de 600 casos ya conocidos, si se contrasta con la base de datos pública de este diario, que en este momento señala 1.460 casos y al menos 2.608 víctimas.

Es más, entre ellos lo más flagrante es que la CEE ocultó al menos 325 casos ya reconocidos por las diócesis y las órdenes religiosas ante el Defensor del Pueblo, que en su informe del pasado mes de octubre también dio una cifra superior de casos, 1.281. Órdenes y diócesis sí comunicaron a la institución pública al menos 1.385 víctimas, un dato que también se cayó del informe de los obispos. Además, 15 congregaciones y 10 diócesis enviaron más casos al Defensor ―un total de 89― de los que aparecen luego registrados por los obispos.

Esta exclusión de casos, de hecho, causó malestar en diócesis y órdenes, que protestaron ante la CEE al ver cómo se había rebajado el número de denuncias que ellos habían reportado. Fuentes eclesiásticas acusaron a “los fontaneros de la CEE” de “manipular las cifras” y las órdenes religiosas, que no habían participado en la elaboración del documento y hasta ahora han sido excluidas de la toma de decisiones, no disimularon su indignación. En total, 39 órdenes que ya han admitido casos de abusos no figuraban en el informe episcopal. Al día siguiente de la publicación de la noticia, la CONFER, entidad paralela a la CEE que reúne a las congregaciones religiosas, anunció que creaba su propia oficina de atención a las víctimas. “Las congregaciones estamos cansadas de cómo los obispos toman las decisiones sobre este tema unilateralmente. Nos gustaría participar de igual a igual en las iniciativas y remar conjuntamente para que la verdad salga a la luz”, lamentó una fuente de una orden.

Tras superar la barrera de los 1.000 casos admitidos, la cifra está destinada a crecer, pues sigue habiendo órdenes que aún no figuran en el listado de la CEE. Algunas de ellas con casos muy conocidos y de eco mediático, como los de la Abadía de Montserrat, admitidos por la propia orden, o algunas de las provincias internas de escolapios y claretianos. Por fin han aparecido en la última actualización del informe los maristas, la segunda congregación con más casos conocidos en España, que inexplicablemente no había sido incluida. Aún falta una de sus cuatro provincias, pero esta incorporación ya ha añadido de golpe un total de 233 casos que antes no constaban en el documento. De todos modos, sigue sin aparecer registrada la provincia catalana de los maristas, que es donde surgió el caso de más impacto mediático en 2016, el primer gran escándalo de abusos clericales en España, destapado por El Periódico de Cataluña.

En este millar de casos que ahora ya admiten los obispos hay un dato que destaca sobre los demás: dentro de la peculiar clasificación que ha realizado la CEE solo considera “probados” o “no probados, pero verosímiles” un total de 358 y, de hecho, son más los que considera “no probados”, 366. Es decir, si se compara con el total de casos que admite conocer significa que la Iglesia española solo cree a 3 de cada 10 víctimas. Pero esa porción es aún menor si se compara con el total de casos conocidos realmente, 1.460 acusados, según la contabilidad de este diario: la CEE solo considera creíbles 2 de cada 10 casos.

Por otro lado, la nula transparencia de los obispos y la escasa información que aportan arroja una bruma sobre los datos del estudio Para dar luz. La CEE sigue sin dar explicaciones sobre las denuncias que conoce y se niega a dar información concreta sobre cada uno de los casos ―fechas, lugares, iniciales de los acusados―, tal como hacen los obispos de otros países en aras de la transparencia y para ayudar a que salgan más víctimas a la luz. Además, el informe sigue sin explicar qué casos de los 545 entregados por este diario a la Iglesia en cuatro informes forman parte de esa contabilidad y cuáles han sido descartados y por qué.

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