Una propuesta legislativa popular (ILP) destinada a anular la ley 18/2013, que confiere a la tauromaquia el estatus de patrimonio cultural, se está convirtiendo en un asunto fundamental en la política de España. Esta propuesta, que ha reunido 664.777 firmas válidas, requiere que el Congreso vote sobre el futuro del toreo. Con un tiempo de seis meses para decidir, los legisladores deberán expresarse, lo cual podría definir el futuro de una tradición profundamente arraigada en la cultura española.
La ley que se busca derogar fue aprobada en 2013 y ha sido vista por muchos como un respaldo a la tauromaquia como un valor cultural de la nación. Sin embargo, un sector importante de la sociedad y de los políticos considera que su protección restringe las competencias de las comunidades autónomas y los municipios, que deberían tener la potestad de decidir sobre la celebración de estos eventos. Los promotores de la ILP, un colectivo denominado «No Es Mi Cultura», argumentan que la tauromaquia debería ser tratada como un espectáculo público más, y no como un patrimonio cultural protegido por la Constitución.
Hoy en día, las comunidades autónomas poseen la facultad de regular los eventos taurinos, sin embargo, no tienen la capacidad de vetarlos debido a su consideración como patrimonio cultural. Quitar esta protección facultaría a los gobiernos locales para vetar las corridas de toros y otras actividades taurinas si lo desean. Por eso, esta propuesta ha cobrado impulso en varias áreas del país, sobre todo en las zonas donde la tauromaquia tiene menos seguidores.
El Parlamento deberá decidir ahora si conserva esta protección cultural o si avanza hacia la desprotección, lo que permitiría una prohibición más amplia de los eventos taurinos. Esta votación promete ser una disputa política en la que los principales partidos del país tendrán que fijar su posición. El partido gobernante, el PSOE, ha mantenido una actitud ambigua respecto a este asunto. Aunque históricamente ha mostrado respeto por la tauromaquia, ha habido una división interna sobre cómo enfrentar su futuro. El PSOE ha apoyado algunas medidas en favor de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones polémicas, como la eliminación de este premio en 2024.
En contraste, la derecha y el Partido Popular rechazan la propuesta, argumentando que salvaguardar la tauromaquia es crucial para la identidad cultural de España. Por otro lado, agrupaciones como Unidas Podemos y Esquerra Republicana han promovido de manera decidida la eliminación de las corridas de toros y están de acuerdo con quienes creen que preservar la tauromaquia es algo anticuado.
El éxito de la ILP podría cambiar radicalmente el panorama taurino, permitiendo a las administraciones locales tomar decisiones sobre la celebración de estos eventos. Además, la eliminación de la ley que protege la tauromaquia también afectaría a otros aspectos relacionados, como la financiación pública para la promoción de los festejos taurinos y su inclusión en programas culturales, como el Bono Cultural Joven.
En cuanto a la práctica de la tauromaquia, los datos oficiales muestran una ligera disminución en el número de festejos en los últimos años. En 2023, se celebraron 1.474 corridas, frente a las 1.546 del año anterior. Sin embargo, estas cifras aún superan los números previos a la pandemia, lo que indica que la tauromaquia sigue siendo una tradición presente en varias regiones del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.