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Metodología para evaluar seguridad y privacidad de datos en empresas digitales

Al examinar a una empresa que presta servicios digitales —ya sean plataformas, aplicaciones, proveedores de software como servicio o integradores— no resulta suficiente valorar sus funcionalidades y su costo, pues la seguridad de la información y la gestión de datos personales influyen directamente en los riesgos legales, reputacionales y económicos. Una evaluación deficiente puede dejar expuestos tanto a los usuarios como a la propia organización a filtraciones de datos, incumplimientos regulatorios y perjuicios financieros. Este texto presenta un enfoque práctico y minucioso para analizar estos elementos mediante ejemplos, pautas técnicas y un listado de verificación utilizable.

Aspectos iniciales: gobernanza y cumplimiento

  • Responsabilidad y roles: comprobar si la empresa identifica a un responsable de seguridad y a un delegado de protección de datos o figura similar. La presencia de políticas internas, un comité de seguridad y procedimientos formales suele ser un buen indicio.
  • Cumplimiento normativo: pedir pruebas que acrediten la conformidad con la normativa vigente: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea, legislaciones nacionales de protección de datos y requisitos sectoriales específicos (como las regulaciones sanitarias correspondientes en cada país). Verificar si han llevado a cabo evaluaciones de impacto en protección de datos (EIPD o DPIA).
  • Políticas públicas: revisar la política de privacidad y la política de seguridad publicadas en su sitio web. Deben explicar de forma transparente la finalidad del tratamiento, la base jurídica, los periodos de conservación, los derechos de los usuarios y cualquier transferencia internacional de datos.

Protección técnica: medidas fundamentales

  • Cifrado en tránsito y en reposo: verificar que emplean cifrado TLS 1.2/1.3 para las comunicaciones y un esquema sólido de cifrado en el almacenamiento, como AES-256, además de solicitar información sobre cómo administran y rotan las claves.
  • Gestión de credenciales y autenticación: evaluar si disponen de autenticación multifactor tanto para cuentas administrativas como para las de los clientes, junto con políticas de contraseñas y mecanismos de bloqueo frente a intentos reiterados.
  • Control de acceso e identidad: analizar el sistema de permisos basado en el principio de mínimo privilegio, el uso de accesos por roles, la separación de responsabilidades y la necesidad de aprobar accesos con privilegios elevados.
  • Seguridad de la infraestructura: determinar si trabajan con proveedores de nube reconocidos, cómo aplican configuraciones seguras, la segmentación de la red y las medidas implementadas contra ataques de denegación de servicio.
  • Protección de datos sensibles: comprobar si recurren a la pseudonimización o la anonimización y si incluyen cifrado especializado para datos especialmente delicados, como identificadores personales, información financiera o datos sanitarios.
  • Registro y auditoría: confirmar que generan y mantienen registros de accesos, modificaciones y eventos de seguridad con una sincronización horaria adecuada y una política de conservación claramente definida.

Administración de riesgos, evaluaciones y manejo de incidentes

  • Evaluaciones periódicas: solicitar resultados de pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades recientes. Idealmente, auditorías externas anuales y pruebas internas trimestrales.
  • Programa de gestión de vulnerabilidades: existencia de proceso para parcheo, priorización y mitigación de hallazgos con plazos definidos.
  • Plan de respuesta a incidentes: evaluar si existe un plan documentado, equipos responsables, procesos de comunicación (incluyendo notificación a autoridades y afectados), y ejercicios de simulación.
  • Historial de incidentes: preguntar por incidentes pasados, causas, medidas correctoras y tiempos de resolución. La transparencia en la comunicación es un buen indicador.

Proveedores, subcontrataciones y transferencias

  • Cadena de suministro: reconocer a los terceros esenciales, incluidos proveedores de nube, servicios de pago y plataformas de análisis, verificando sus métodos de auditoría y las cláusulas contractuales aplicables.
  • Contratos y acuerdos: solicitar el modelo vigente del contrato de tratamiento de datos, con sus cláusulas de resguardo, obligaciones ante incidentes y los acuerdos de nivel de servicio correspondientes.
  • Transferencias internacionales de datos: validar los fundamentos jurídicos utilizados, como las cláusulas contractuales tipo, decisiones de adecuación u otras medidas adicionales que garanticen una protección apropiada.

Privacidad desde el diseño y facultades de los interesados

  • Minimización y limitación de finalidad: verificar que la recopilación de información se reduce a lo imprescindible y que existen fundamentos debidamente registrados.
  • Medidas técnicas de privacidad: inclusión de procesos de seudonimización, anonimización reversible, entornos segregados por cliente y mecanismos que impidan cualquier reidentificación.
  • Atención a derechos ARCO/LOPD o equivalentes: disponibilidad de procedimientos para acceso, rectificación, eliminación, objeción y portabilidad, junto con plazos y vías definidos para que los interesados gestionen sus solicitudes.
  • Consentimiento y comunicaciones: analizar la forma en que se administra el consentimiento cuando aplica, los registros correspondientes y un método sencillo para anularlo.

Certificaciones, procesos de auditoría y medidas de rendimiento

  • Certificaciones útiles: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 dedicadas a la gestión de la privacidad, junto con credenciales sectoriales como PCI DSS para operaciones de pago o certificaciones de seguridad exigidas en cada país. Contar con estas certificaciones no reemplaza las auditorías, aunque sí incrementa la confianza.
  • Informes y auditorías: conviene solicitar informes SOC 2 tipo II o alternativas equivalentes cuando existan, verificando tanto el periodo cubierto como el alcance específico de cada evaluación.
  • Métricas operativas: incluir promedios de tiempos de parcheo, tiempo medio de detección (MTTD) y tiempo medio de recuperación (MTTR), además del porcentaje de pruebas de penetración donde las vulnerabilidades críticas se corrigen dentro de X días.

Pruebas prácticas que puede realizar un revisor

  • Revisión documental: examinar políticas, contratos, EIPD y conclusiones derivadas de auditorías previas.
  • Revisión técnica superficial: verificar los certificados TLS de sus servicios web, las cabeceras HTTP orientadas a la seguridad, la caducidad de las sesiones y el modo en que el navegador almacena la información.
  • Solicitar pruebas en entorno de demostración: requerir un acceso limitado para comprobar los controles de acceso, los distintos niveles de permisos y la trazabilidad de las acciones.
  • Revisión de código o dependencias: cuando resulte viable, evaluar las prácticas de seguridad dentro del ciclo de desarrollo (CI/CD), las revisiones de código y el tratamiento de dependencias con posibles vulnerabilidades.

Ejemplos y situaciones demostrativas

  • Configuración incorrecta en servicios de almacenamiento en la nube: en ocasiones, empresas han dejado buckets sin protección adecuada, exponiendo millones de datos. La lección es clara: verificar de forma periódica las reglas de acceso y los registros de actividad en los recursos de almacenamiento.
  • Privilegios excesivos sin supervisión: muchas filtraciones internas surgen cuando cuentas administrativas acumulan permisos innecesarios y carecen de MFA. Establecer un control de acceso por roles y auditar las sesiones con privilegios ayuda a disminuir este tipo de amenazas.
  • Anonimización insuficiente de la información: incluso bases de datos que parecen anónimas pueden reconstruirse mediante cruces con fuentes públicas. Es esencial usar métodos sólidos y evaluar con detenimiento las posibilidades de reidentificación.

Checklist práctica para una revisión rápida

  • ¿Existe un responsable de seguridad junto con un delegado de protección de datos designado formalmente?
  • ¿Difunden políticas de privacidad y seguridad que sean claras y estén actualizadas?
  • ¿Implementan cifrado para los datos en tránsito y almacenados, y de qué manera administran las claves?
  • ¿Proporcionan autenticación multifactor y un control de acceso detallado?
  • ¿Efectúan pruebas de penetración y auditorías externas con regularidad?
  • ¿Disponen de un plan documentado de respuesta a incidentes que se haya puesto en práctica?
  • ¿Supervisan a proveedores externos mediante contratos y auditorías, incluyendo cláusulas sobre transferencias internacionales?
  • ¿Incorporan privacidad desde el diseño y facilitan el ejercicio de los derechos de los interesados?
  • ¿Poseen certificaciones pertinentes y comparten métricas operativas?

Herramientas y recursos para evaluar

  • Examen de encabezados y certificados TLS tanto con navegadores como con diversas utilidades en línea.
  • Pedir informes de auditoría (SOC, ISO) y comprobar su cobertura junto con las fechas correspondientes.
  • Examinar las políticas públicas y los documentos contractuales para identificar cláusulas de responsabilidad, compensaciones y comunicación de incidentes.
  • Aplicación de matrices de riesgo y modelos de EIPD con el fin de valorar el impacto según el sector y la naturaleza del dato.

Errores comunes a detectar

  • Falta de separación de entornos de desarrollo y producción.
  • Retención indefinida de datos sin justificación.
  • Subcontratación sin controles contractuales ni revisiones periódicas.
  • Ausencia de pruebas periódicas o corrección lenta de vulnerabilidades críticas.

Una evaluación rigurosa combina revisión documental, comprobaciones técnicas y verificación contractual. Más allá de cumplir normas o poseer certificaciones, se debe valorar la capacidad operativa de la empresa para detectar, responder y aprender de incidentes, su transparencia y su enfoque proactivo hacia la privacidad por diseño. Adoptar una lista de verificación adaptada al contexto y pedir evidencias concretas permite diferenciar proveedores que sólo prometen seguridad de aquellos que la demuestran en prácticas y resultados.

Por Otilde Pedroza Arredondo

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